Publicado el 24/02/2026 por Administrador
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El caso de Kilmar Ábrego García, un padre salvadoreño residente en Maryland, se ha convertido en un nuevo foco de controversia en la política migratoria de Estados Unidos. Tras haber sido deportado por error a El Salvador a inicios de 2025 —a pesar de contar con protección legal contra la expulsión—, ahora enfrenta la posibilidad de ser enviado a Uganda, un país con el que no tiene ninguna relación.
Ábrego, que fue devuelto a Estados Unidos después de que la Corte Suprema ordenara corregir la deportación irregular, permanece bajo acusaciones de presunto tráfico de personas por un hecho ocurrido en Tennessee en 2022, cargos que él rechaza. Sus abogados aseguran que se trata de un proceso plagado de irregularidades, donde las autoridades buscan forzar una declaración de culpabilidad.
En las últimas semanas, el gobierno le ofreció un acuerdo: declararse culpable a cambio de ser deportado a Costa Rica, país que había aceptado recibirlo como refugiado. Ábrego, sin embargo, rechazó esa opción. Poco después recibió una notificación en la que se le advierte que podría ser enviado a Uganda, algo que sus defensores consideran un castigo arbitrario y una medida de presión.
“El gobierno está usando la amenaza de mandarlo a un país extraño, donde no tiene lazos familiares, culturales ni legales, como forma de coerción”, denunciaron sus abogados. Organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos han calificado el caso como un ejemplo extremo de abuso de poder en materia migratoria.
Ábrego, que vive en Maryland con su familia, relató que la primera deportación a El Salvador fue un calvario: pasó semanas en una prisión de alta seguridad donde sufrió condiciones inhumanas hasta que, gracias a la presión mediática y legal, pudo regresar. Ahora, teme que una nueva decisión injusta lo aleje nuevamente de sus hijos y lo deje en completa indefensión.
El anuncio de su posible envío a Uganda llega en medio de un endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha reforzado medidas de deportación rápida y ha buscado ampliar acuerdos con terceros países para recibir expulsados. Sin embargo, nunca antes se había planteado trasladar a un migrante a un país con el que no tenga vínculo alguno.
El caso ha despertado fuertes críticas en el Congreso y en la comunidad internacional. Legisladores demócratas han exigido explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional, mientras que diplomáticos europeos han expresado preocupación por el precedente que podría sentar esta práctica.
Por ahora, Ábrego debe presentarse en los próximos días en una oficina de inmigración en Baltimore, donde podría definirse su destino inmediato. Mientras tanto, su familia y abogados redoblan esfuerzos para frenar lo que consideran una nueva injusticia y una amenaza directa a su derecho a un proceso justo.
